Por un reñido 6-5, la Corte decidió autorizar la detención de Lula

La suerte está echada para Luiz Inacio Lula da Silva , hasta ahora gran favorito para las elecciones de octubre. Tras una maratónica sesión de más de diez horas, el expresidente brasileño quedó a un paso de la cárcel luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) negó un recurso de habeas corpus interpuesto por el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) para evitar ir a prisión y apelar en libertad su condena en segunda instancia por corrupción .

El tortuoso cónclave de los 11 jueces de la Corte en Brasilia dejó como resultado seis votos por el rechazo del beneficio y cinco a favor. En un clima de mucho nerviosismo dentro de la sala del STF y de alta tensión en las calles de todo Brasil entre simpatizantes y detractores a Lula, votaron en contra del recurso de habeas corpus del exmandatario los jueces Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux y la presidenta de la Corte, Carmen Lucía Antunes Rocha. En cambio, Gilmar Mendes, José Antonio Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurelio Mello, y José Celso de Mello se expresaron a favor de modificar la jurisprudencia actual del tribunal -establecida en 2016- que prevé el cumplimiento de las penas de prisión tras una condena en segundo grado, al alegar que la Constitución garantiza la presunción de inocencia hasta que haya una condena definitiva.

El expresidente apeló aquel fallo, pero el 24 de enero, un Tribunal Regional Federal en Porto Alegre ratificó la sentencia y extendió la pena original de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes. Fue entonces que los abogados de Lula presentaron el habeas corpus preventivo ante el STF.

Lula, que siempre ha clamado por su inocencia, siguió la sesión del STF por televisión, con asesores y militantes en la sede del sindicato de metalúrgicos de la gran San Pablo. Para evitar su prisión, sus abogados podrían presentar otro recurso de habeas corpus una vez que sea arrestado. Luego, las cartas que le restan son intentar revertir la condena a través de un recurso especial ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), si se considera que se infringieron leyes federales o el proceso jurídico, y, finalmente, un recurso extraordinario ante el propio STF, si se apunta que se violaron principios constitucionales. Estas medidas se extenderían más allá de las elecciones de octubre, para las cuales, hasta ayer, Lula era el candidato favorito, con alrededor del 37% de las preferencias del electorado, muy por delante de cualquiera de sus rivales.

De cualquier forma, la legislación electoral -a través de la llamada Ley de Ficha Limpia- no permite que una persona condenada en segunda instancia sea candidata a un cargo electivo e inhabilitaría su registro.

 

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