No hubo consenso para aprobar un proyecto de reinserción laboral

El diputado (PJ-FpV) Iván Budassi informó que, el día de ayer, no pudo lograrse el consenso necesario para que se apruebe en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el proyecto de ley, que contaba con media sanción del Senado, que establece cupos laborales para quienes hayan cumplido su condena en algún servicio penitenciario de la Provincia.

Budassi explicó: “Esta ley, propuesta desde el Poder Ejecutivo, quiere promover la reinserción laboral, y por ende social, de las personas liberadas. La iniciativa, promovida por el Gobernador Daniel Scioli, por intermedio del Ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, establece que el estado provincial y empresas estatales deberán emplear a los liberados con domicilio o residencia en el territorio de la provincia, que hayan cumplido una pena de más de cinco años de privación de la libertad, siempre que reúnan los requisitos de idoneidad requeridas por la legislación de empleo público, en una proporción no inferior al 2% de la totalidad de su personal”.

Asimismo, Budassi contó que la ley “obliga a los organismos de Estado a priorizar, en sus contrataciones y licitaciones, bajo las mismas condiciones de calidad y precio, a aquellas empresas que empleen a personas que hayan estado privadas de su libertad.

Finalmente, las empresas que empleen a liberados podrán imputar al pago del impuestos ingresos brutos un 50% de las remuneraciones que perciban estos empleados.”

Por último, el diputado Budassi sostuvo: “El proyecto revela el claro compromiso del Gobernador y del estado provincial con una política de reinserción social para quienes, habiendo tomado un camino equivocado que los llevó a estar recluidos por un lapso considerable, puedan volver al mundo del trabajo y reconstruir su vida en forma plena. La integración social a través del trabajo digno e inclusivo es el horizonte de desarrollo para todos los bonaerenses. La articulación de un Estado activo en la resolución de las problemáticas sociales y de empresas con compromiso social es la clave para vivir en una sociedad más justa para todos y todas. Por eso considero que, dada la importancia del proyecto, su aprobación no puede estar sujeta a los vaivenes de un año electoral y debe ser tratado en el recinto lo antes posible”.

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