Se aprobó, en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la ley para elaborar el programa “Registro de no llamar”. El mismo, deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro de los 90 días a partir de su promulgación.
El objetivo de esta ley es combatir abusos de las empresas de venta telefónica, encuestas y consultas de opinión, creando un registro de usuarios en el que podrá anotarse quien lo desee. Las empresas tendrán prohibido ofrecer bienes y servicios a quienes se hayan inscripto en dicho registro, y las que no cumplan con esta norma serán sancionadas.
El Dr. Fabricio De Arriba Arévalo, Director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), indicó: “El sistema será de suma utilidad. La OMIC recibe de forma constante una gran cantidad de pedidos para imposibilitar y restringir llamados y mensajes de texto no deseados. Esta ley viene a solucionar de manera efectiva las dificultades que presenta el Registro “No Quiero que me Llamen” que funciona actualmente en Bahía Blanca, el cual, amén del loable objetivo buscado, no lograba dar respuesta satisfactoria a los usuarios bahienses en virtud de las limitaciones propias de una Ordenanza, contando ahora con una norma de mayor jerarquía y notorias ventajas. Deberemos pues, esperar a la promulgación de la ley y su posterior reglamentación para ver cómo podemos articular en forma concreta su aplicación. Creemos que este registro debería estar publicado dentro de la Dirección Provincial de Comercio, pero será el Poder Ejecutivo Provincial quien, en definitiva, determinará su ubicación y demás detalles de funcionamiento”.
Asimismo, De Arriba Arévalo explicó que “el trámite de inscripción será ágil y sencillo y regulará también los días y horarios en que las prácticas de telemarketing podrán ser utilizadas para proteger a los vecinos que deciden seguir recibiendo llamadas o mensajes de texto sin que tengan que ser molestados en días u horarios inoportunos”.
El funcionario concluyó: “Cuando se reglamente, la nueva norma resultará de una utilidad invalorable para los consumidores de nuestra zona y para las autoridades que deben velar por sus derechos”.