Preocupación de Virginia Linares por el nombramiento de Alejandro Marambio

virginia_linares“Durante su anterior mandato, entre los años 2007 y 2011, aumentaron las denuncias por torturas, hechos violentos, asesinatos y ‘suicidios’, así como sobre el empeoramiento de las degradantes condiciones de detención que tienen que soportar los internos. A Marambio también se le acusa de haber concedido privilegios a detenidos por delitos de lesa humanidad y cerrar las puertas de las cárceles a los organismos de derechos humanos que monitorean las condiciones de alojamiento y/o que realizan algún tipo de trabajo con los internos”, sostuvo la legisladora que pertenece al partido de Margarita Stolbizer.

“También debemos sumarle que, durante su anterior gestión, los Programas de Educación en Cárceles fueron sistemáticamente atacados y entorpecieron su funcionamiento. Un caso emblemático es el del Centro Universitario de Devoto -C.U.D.-, allanado en el año 2010, donde 11 computadoras fueron robadas, y luego permaneció clausurado durante 4 meses. Por esta realidad, los estudiantes realizaron una huelga de hambre que se prolongó durante más de 40 días, y ante la sistemática negativa de Marambio de recibir a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y abrir las puertas del C.U.D., éste debió renunciar”.

“Pero esta situación no fue un caso aislado, la suspensión de actividades universitarias, el desplazamiento de otras colocándolas fuera de la órbita de los programas, la disolución de pabellones de estudiantes, así como los constantes e injustificados traslados de los internos a otras unidades penales -interrumpiendo su concurrencia a clase y perjudicando su adecuada formación-, fueron prácticas sistemáticas durante la gestión de Marambio al frente del S.P.F. “, afirmó Linares.

“Todo lo cual significa una evidente violación a los derechos establecidos en referencia al acceso a la educación y a los parámetros referidos a la progresividad de la ejecución de la pena, la Ley Federal de Educación, la Ley de Ejecución Penal Federal Nº 24.660, las normas mínimas para el tratamiento de reclusos y todos los pactos y tratados internacionales sobre Derechos Humanos a los que adhirió la República Argentina. Además, se están ignorando las autorizaciones judiciales firmadas por los jueces de cada detenido, que los habilita a cursar en los centros de estudio”.

“El SPF tiene la función y obligación de otorgar posibilidades de formación educativa a los internos para que el cumplimiento de su condena sea una instancia de aprendizaje y no una tortura. Formación que va desde planes de alfabetización hasta estudios universitarios. Estos últimos se desarrollan con grandes resultados para los reclusos en el marco de convenios con las diferentes universidades del país”.

“Las personas detenidas fueron víctimas de la exclusión educativa, por lo que la restitución del derecho a la educación puede y debe brindar oportunidades para que la recuperación de la libertad no se transforme en una nueva oportunidad para delinquir, sino en la posibilidad de comenzar un nuevo proyecto de vida. Esto debe ser acompañado y complementado por los sistemas educativos provinciales, generando los instrumentos que permitan dar continuidad a los estudios cuando el detenido recupera la libertad”, remarcó la legisladora.

“En este sentido los Programas de Educación en Cárceles son una experiencia modelo que hoy exhibe entre sus mayores logros el casi nulo porcentaje de reincidencia en el delito de las más de mil personas que ya pasaron por sus clases. Por tomar un ejemplo, a través de UBA XXII -Programa de educación en cárceles de la Universidad de Buenos Aires- se han entregado más de 100 títulos universitarios. Pero la función más importante que cumple la educación en cárceles es la social: es un espacio de igualdad y de respeto que según declaran los internos, no se vive en los pabellones”.

Respecto de los enormes efectos positivos que trae aparejada la educación en cárceles, Virginia Linares sostuvo que “Entre los estudiantes universitarios en contexto de encierro el índice de reincidencia es notoriamente menor que en el resto de la comunidad carcelaria. Por tomar un caso, el porcentaje de reincidentes entre los que pasaron por el Centro Universitario de Devoto es del 3%, contra casi el 50% entre quienes no tuvieron acceso a esta experiencia. Si bien el proceso de resocialización es complejo y excede los límites de la enseñanza universitaria, ésta se vuelve un factor de suma trascendencia para la reinserción social de las personas detenidas y la posibilidad de encontrar empleo una vez cumplida la condena”.

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