Corrupción K: Cristóbal López y su socio se entregaron y volvieron a la cárcel

Después de 42 días en libertad, Cristóbal López y Fabián De Sousa volvieron a pasar la noche en prisión. La Sala I de la Cámara de Casación Federal, por voto mayoritario, ordenó ayer viernes su “inmediata detención”, poniendo fin a la polémica excarcelación que los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero les habían otorgado el 16 de marzo pasado. Junto a Ricardo Echegaray, quedaron procesados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se les volvió a trabar a cada uno, un embargo por $ 17.000 millones. Así, se revocó la resolución de los jueces de la Cámara federal porteña que lo excarcelaron y que esta semana dejaron sus respectivos cargos.

Después de la fallida audiencia de este jueves, donde los tres acusados en la causa no asistieron y eligieron defenderse por escrito, la Sala I de la Cámara de Casación, volvió a recaratular la causa como administración fraudulenta agravada contra el Estado.

Quienes se pronunciaron a favor de la detención haciendo lugar al recurso de la AFIP y del fiscal ante la Cámara quienes rechazaron la excarcelación y la adjudicación de un delito y no una defraudación, fueron los jueces Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, mientras que Ana María Figueroa -cercana al kirchnerismo- votó en disidencia, entendiendo que no eran admisibles los recursos interpuestos por los fiscales. Hornos fue el motor de la rápida decisión. Tenían plazo hasta el 7 de mayo.

López y su socio vuelven a prisión a pocos días de que la Sala I de la Cámara federal porteña, que votó por liberarlos, quedara desintegrada: el camarista Eduardo Farah irá por pedido suyo, al Tribunal Oral Penal Económico 1, y Jorge Ballestero se tomó una licencia médica y después se acogerá a su jubilación.

Hacia las 20, Cristóbal López y Fabián De Sousa, se entregaron en el edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional acompañados de su abogado, Carlos Beraldi. Fueron trasladados en el caso del empresario K al Hospital Penitenciario de Ezeiza donde, pasarán el fin de semana. Su socio, en tanto fue trasladado al penal de Marcos Paz, tal como estaban alojados antes de ser excarcelados en marzo.

La causa que llevaron adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, investigó una “compleja maniobra defraudatoria” que le permitió al empresario K y a su socio, “desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles SA, que debían entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Los fondos se utilizaron, en cambio, “para financiar al grupo empresario denominado “Grupo Indalo”, remarcaron los camaristas que ordenaron la detención.

La deuda generada con el fisco por no pagar el impuesto a los combustibles fue de $ 8.000 millones. A la fecha con intereses y punitorios y otras deudas generadas el último tiempo con la , la AFIP que dirige Leandro Cuccioli reclama al empresario K más de $ 20.000 millones. En la actualidad, Oil tiene en trámite el concurso preventivo y se analiza una posible venta a la firma Trafigura, de no concretarse irá a la quiebra.

Al analizar la calificación del delito cometido por López y su socio, el juez Hornos señaló en su voto, “no se puede incurrir en una percepción ingenua y sesgada de la real dimensión de los hechos juzgados como graves hechos de corrupción vinculados con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia económica”, resaltó el juez Hornos en su voto.

En este sentido, planteó que la compleja maniobra investigada, “estuvo montada por funcionarios de la AFIP” con Ricardo Echegaray a la cabeza como Administrador Federal, “en clara connivencia con los encausados López y De Sousa”.

Para Hornos, los imputados “excedieron en su dimensión fáctica y jurídica, los límites del específico delito tributario“. Así, rechazó la resolución de los jueces de la Cámara Federal porteña, Ballestero y Farah, quienes plantearon que no se trataba de una “defraudación al Estado”, sino una “retención indebida de tributo”.

La causa revela -según Hornos-, una “compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del Fisco” y por ello les atribuye el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Se volvió así, a la calificación del juez Ercolini cuando los detuvo el 19 de diciembre pasado.

Por su parte, el juez Riggi sostuvo que la causa es parte de una maniobra aún mayor de “múltiples hechos de corrupción estatal”, y en consecuencia los hechos investigados “superan con creces lo que podía considerarse un delito tributario, pues no es otra cosa que parte de la estructura delictiva que entre privados y funcionarios públicos se montó en el afán de obtener los recursos del Estado para beneficiarse individualmente”, en relación a la asociación ilícita encabezada por Cristina y Néstor Kirchner.

Los jueces, plantearon que el dinero que Oil no tributaba mes a mes al fisco, “a expensas de los consumidores”, era “sistemáticamente utilizado para ampliar el conglomerado económico”. Entre otras cosas, compraron medios de comunicación hoy con un concurso preventivo en trámite.

En toda esta maniobra y dando razón al juez Ercolini, vieron que la AFIP dirigida por Echegaray procedió “en connivencia”, con los dueños de Indalo al otorgar “sin controles una y otra vez planes de facilidades de pago”, dañando el erario público.

Tanto Hornos como Riggi remarcaron que existe el riesgo que López y De Sousa “intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga” y por eso ordenaron su detención.

 

Fuente: Clarín

 

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