El Gobierno se garantizó el viernes la primera meta cerrada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministerio de Hacienda no tendrá problemas en presentarle al organismo que maneja Christine Lagarde un superávit fiscal primario de menos de 2,7% del PBI; con lo que la principal requisitoria del organismo se cumpliría. Combinando los resultados fiscales cerrados el viernes y correspondientes a julio, con el paquete presentado el martes de una baja en el nivel de gastos para el resto del año de más de $15.000 millones y la evolución positiva que viene mostrando la recaudación; el desequilibrio comprometido no corre riesgo
Tanto para el Gobierno como para el FMI, la principal causa de la inflación es la demanda de pesos derivada del desequilibrio entre ingresos y gastos públicos. Siguiendo la lógica, si este déficit primario se reduce, la demanda de dinero es menor y la presión inflacionaria debería comenzar a aflojar desde fines de este año y fundamentalmente, durante el 2019. En la teoría coinciden Argentina y el FMI, con lo que la principal meta impuesta entre las partes para cumplir el acuerdo firmado en junio pasado estaría garantizada. Luego, especulan en Buenos Aires, debería haber algún tipo de flexibilidad desde Washington.
Según los números anunciados el viernes pasado, el déficit fiscal primario de Argentina fue de $14.280 millones (520,8 millones de dólares) en el séptimo mes del año, un 35,4% menos respecto al mismo período del 2017. Como contrapartida, el déficit financiero (incluye el pago de la deuda pública) mostró un déficit de $62.380 millones (2.275 millones de dólares), lo que representa una suba de 90,6% respecto a julio de 2017. Según el Ministerio que maneja Nicolás Dujovne, el incremento se debe a los pagos interés de “algunos títulos públicos que en 2017 se habían realizado en junio, afectando la base de comparación (del déficit financiero)”. Los ingresos totales crecieron un 25,6% interanual y alcanzaron los $232.619 millones, especialmente por la perfomance de los recursos tributarios que sumaron $205.572 millones (18,2% interanual), liderados por el IVA (39,0%), impuesto al cheque (50,0%) y retenciones (72,9%).
Los gastos primarios se incrementaron solo un 19,1% y alcanzaron $246.899 millones, registrando una caída de 9,2% en términos reales. Los gastos de capital de julio fueron de $16.786 millones, mostrando una reducción de 19,2% contra julio del 2017 y un incremento de 20% en relación al promedio mensual del primer semestre de 2018. Las transferencias corrientes presupuestarias a provincias tuvieron un incremento de 0,5% interanual. El gasto operativo creció 16,7%, repartido entre el gasto en personal, que se incrementó 18,2% y los Bienes y Servicios, que aumentaron 11,1%.
En los siete meses del año el déficit primario fue de $120.104 millones, disminuyendo 27,8% interanual en relación a igual período de 2017. El acumulado a julio fue de 0,9%, fruto de un diferencial de 7 p.p. (+26,2% vs. +19,3%) entre el crecimiento de los recursos (que totalizaron $1.427.619 millones) y los gastos primarios (que se ubicaron en $1.547.723 millones), que se amplía a 10 puntos porcentuales si se excluye el efecto de los recursos extraordinarios (sinceramiento fiscal en 2017 y utilidades del Banco Nación en 2018). A su vez, el déficit financiero (2,4% del PBI) cayó 0,4% respecto al mismo período del año pasado. A la tendencia se le suman los $15.000 de pesos de ahorro (podrían ser $18.000 millones) que debería aportar este año el paquete anunciado el martes pasado por Dujovne y que incluye entre ellas suspendió por 6 meses del cronograma de retenciones para el procesamiento industrial de la soja (harina, aceites y biodiésel); la eliminación del fondo sojero a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja y la reducción del monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto. El paquete había sido negociado por el Gobierno para ser aplicado desde enero de 2019, pero desde Hacienda se buscó acelerar la aplicación a agosto para mostrar ante el FMI la voluntad del Ejecutivo de aplicar medidas duras para reducir el déficit fiscal primario.
El tercer factor que opera a favor de la meta de 2,7%, es la marcha de la recaudación impositiva, que podría aportar entre $30.000 y 40.000 millones más a los ingresos públicos, contra lo presupuestado para este año. Según los datos que maneja la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que maneja Leandro Cuccioli, la marcha del IVA a partir de la evolución de los precios sumado a los efectos en pesos de la liquidación de las retenciones y el impuesto a las exportaciones después de la devaluación, influyen positivamente en la recaudación. Aun a los efectos negativos de la recesión.
Fuente: ambito.com